Miguel Torres Romero
Cientista político
Mg. en Investigación Social, Universidad de Buenos Aires
Director de Red Comunales
EDICIÓN 1 | 13 de julio de 2026
Bienvenidos a Clave Política, el newsletter de análisis político de la Región de Coquimbo.
Esta semana, la condena en el caso GGV abre más preguntas de las que cierra, con cifras que podrían triplicar lo ya conocido. Al mismo tiempo, la megarreforma presiona a la oposición regional a definirse, y eso tiene consecuencias directas en la región. Dos frentes que se mueven en paralelo y que vale la pena leer juntos.
◆ 01
Mapa de la semana
◆ 02
El dato
◆ 03
Actores en movimiento
◆ 04
Lo que no salió en la pauta
◆ 05
Proyección
◆ 01 — Análisis
Mapa de la semana
El caso GGV: condena histórica y nuevas aristas El Tribunal Oral en lo Penal de La Serena condenó a Nicole Cadena y Bélgica Guerra a ocho años de cárcel por fraude al fisco y lavado de activos en la Corporación Gabriel González Videla. Cristián Muñoz recibió siete años; otros diez acusados obtuvieron penas menores. El caso no cierra: el asesor jurídico del municipio advirtió que los montos totales podrían alcanzar entre $5 mil y $8 mil millones, incorporando fondos SEP y presuntos sobreprecios. La Municipalidad amplió además una querella hacia el área de salud y educación.
La oposición regional endurece su postura frente a la megarreforma Dos partidos de oposición en la Región de Coquimbo marcaron posición esta semana frente a la megarreforma del gobierno de Kast. La directiva regional del PS con la firma del diputado Daniel Manouchehri, emitió declaración pública rechazando la iniciativa y respaldando el recurso ante el TC. Por su parte, la directiva regional del PPD salió a cuestionar a senadores de su propio partido que acordaron con el gobierno, declarando que no cargarán "la cruz de traidores de la izquierda". El SEREMI de Gobierno respondió defendiendo la reforma. El episodio instala una presión interna dentro de la oposición regional sobre sus parlamentarios de cara a la votación en la Cámara.
Mercado del Mar: Contraloría habilita la licitación La Contraloría tomó razón del convenio mandato entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Coquimbo, despejando el camino para licitar las obras del Mercado del Mar. La inversión supera los $9 mil millones. El gobernador Juliá y el alcalde Ali Manouchehri anunciaron publicación próxima en Mercado Público. Es el avance concreto más relevante de esta iniciativa emblemática, y ya no admite demoras sin costo político.
Andacollo: conflicto minero persiste bajo mediación presidencial La Delegación Regional lideró una tercera ronda de negociaciones entre pirquineros y Galantas Gold tras el bloqueo del bypass minero del 6 de julio. La empresa anticipa más de 400 empleos; los pequeños mineros exigen condiciones para su salida del rajo Tres Perras. El delegado Víctor Pino asume un arbitraje que no resuelve la tensión de fondo entre minería artesanal y gran inversión en un territorio pequeño.
◆ 02 — El dato
Un número con contexto
$1.450 millones
▲ presunto perjuicio al patrimonio municipal en salamanca
Es el monto del presunto perjuicio al patrimonio municipal que motivó la querella criminal presentada por el alcalde de Salamanca, Carlos Lillo, contra la administración anterior. La cifra surge de una auditoría forense externa y de informes de Contraloría de 2023 y 2024, según informó El Salamanquino. El dato importa por dos razones. Primera: marca una tendencia regional. Salamanca se suma a La Serena como municipios donde las nuevas administraciones están judicializando herencias de gestión, convirtiendo la querella en un instrumento político-institucional de uso creciente. Segunda: el monto es relevante para una comuna pequeña de la provincia del Choapa, lo que podría tratarse de irregularidades de una magnitud proporcional mayor que en comunas urbanas. La investigación fiscal determinará si hay sustento penal o si estamos ante una disputa política con ropaje judicial.
◆ 03 — Política regional
Actores en movimiento
Daniel Manouchehri (PS)
Sube. Suscribió la declaración del PS contra la megarreforma, llamó a la oposición a votar unida y relanzó el proyecto "Puerto Blanco del Pacífico". Tres movimientos en una semana que lo consolidan como la voz más activa de la oposición regional.
Juan Manuel Fuenzalida (UDI), ex diputado
Baja. La declaración de su exjefa de gabinete ante la Fiscalía abrió una arista con nombre propio: "la cuota Fuenzalida". La Delegación del Limarí debió negar participación y sus exfuncionarios emitieron un comunicado defensivo. Dos respuestas simultáneas que confirman la magnitud del daño. Para quien construyó su perfil en la fiscalización, verse fiscalizado es un costo que no se administra con desmentidos.
Christian Gross, alcalde de Los Vilos
Baja. La concejala Berta Martínez lo enfrentó en sesión de Concejo por el uso del dron municipal para producir contenido que favorece su imagen personal. El episodio instala una señal de alerta sobre recursos públicos con fines comunicacionales que puede crecer si no se zanja con claridad.
Víctor Pino, delegado presidencial regional
En observación. Hay un trascendido de que tres SEREMIs —Obras Públicas, Vivienda y Gobierno— estarían siendo evaluados para un eventual ajuste de gabinete regional. Si los cambios se confirman, Pino deberá recomponer su equipo en un momento de alta exigencia política.
◆ 04 — Fuera de pauta
Lo que no salió en la pauta
ESERCO y el sindicato que un tribunal obligó a respetar
Un tribunal ordenó a ESERCO —empresa de electromovilidad que opera en la conurbación La Serena-Coquimbo— reintegrar a los trabajadores despedidos por intentar constituir un sindicato. La resolución, publicada por El Serenense, establece que de no cumplirse, la empresa arriesga multas de entre 50 y 100 UTM. El caso pasó sin mayor repercusión en los medios regionales, pero tiene relevancia política real: ESERCO presta un servicio de transporte público concesionado en el territorio de dos municipios relevantes, y la persecución de trabajadores que intentan organizarse en ese contexto hace plantear preguntas sobre las condiciones laborales que el Estado tolera en sus concesiones. La Inspección del Trabajo debe concurrir a verificar el cumplimiento. Ninguna autoridad regional se pronunció públicamente sobre el fallo. El silencio institucional frente a una resolución judicial sobre libertad sindical en una empresa de transporte público merece seguimiento.
◆ 05 — Agenda
Proyección
2. El temporal anunciado por CEAZA con más de 100 mm de lluvia proyectados entre el 17 y el 20 de julio: la respuesta de los comités de emergencia municipales y del Gobierno Regional será el primer gran test institucional del invierno 2026.
3. La publicación de la licitación del Mercado del Mar en el portal Mercado Público: si se concreta esta semana, como anunciaron Juliá y Manouchehri, marca un hito verificable para un proyecto que lleva años en promesas.
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