Miguel Torres Romero
Cientista político
Mg. en Investigación Social, Universidad de Buenos Aires
Director de Red Comunales
EDICIÓN 2 | 20 de julio de 2026
Esta semana, la región de Coquimbo le puso rostro concreto a dos problemas que venimos siguiendo hace meses: la fragilidad institucional frente a emergencias y los límites reales del financiamiento regional. El temporal dejó al descubierto brechas en la respuesta estatal y abrió un conflicto político que no se cierra con el agua. Vamos al análisis.
◆ 01
Mapa de la semana
◆ 02
El dato
◆ 03
Actores en movimiento
◆ 04
Lo que no salió en la pauta
◆ 05
Proyección
◆ 01 — Análisis
Mapa de la semana
El sistema frontal como crisis política
El temporal que afecta a la Región de Coquimbo no fue solo una emergencia climática, sino también un test institucional que la región no aprobó de manera uniforme. Las precipitaciones han dejado decenas de localidades aisladas, destruyeron infraestructura vial, inutilizaron cinco de los siete pabellones del Hospital Provincial de Ovalle y obligaron al Ejército a desplegar un Hospital Modular de Campaña en 24 horas. La escala del daño es regional: todas las provincias resultaron afectadas.
La demanda política central que surgió de la catástrofe es la declaración de Zona de Catástrofe y la activación del 2% constitucional. El gobernador regional Cristóbal Juliá la solicitó formalmente al Presidente Kast. Los alcaldes la exigieron en bloque, encabezados por Ali Manouchehri de Coquimbo, quien advirtió que los cerca de $2.000 millones disponibles en el presupuesto regional son insuficientes para financiar la reconstrucción. Las diputadas Nathalie Castillo (PC) y Carolina Tello (FA) ingresaron solicitudes formales a la Cámara. Hasta el cierre de la semana, el Gobierno no había decretado la zona de catástrofe.
El segundo frente político fue la ausencia del Estado en terreno. El alcalde de Salamanca, Carlos Lillo, acusó que el Gobierno "no movió un saco de arena", una frase que resumió el sentir de varios ediles del Choapa. El alcalde de Canela denunció que la alerta SAE nunca se activó en su comuna, dejando a la población sin información durante la emergencia. El biministro Louis de Grange encabezó el COGRID regional y visitó Monte Patria, pero la presencia institucional del nivel central fue percibida como tardía e insuficiente en las comunas del interior.
Un tercer elemento fue la comunicación institucional fragmentada. Mientras algunos municipios operaron con información pública permanente —Coquimbo, La Serena, y en parte Ovalle—, otros quedaron sin capacidad de emitir balances por falta de conectividad. El alcalde de Paihuano debió trasladarse físicamente hasta Vicuña para poder entregar un informe oficial de emergencia, según informó El Paihuanino.
◆ 02 — El dato
Un número con contexto
74.000
▲ clientes sin agua
Esa es la cantidad de clientes que quedaron sin suministro de agua potable en la conurbación La Serena-Coquimbo durante el corte de emergencia decretado desde las 20:00 horas del domingo 19 de julio, debido a la alta turbiedad del río Elqui. Aguas del Valle logró sostener el servicio durante cuatro días consecutivos de temporal mediante fuentes de respaldo y maniobras operacionales, antes de verse forzada a suspender parcialmente la captación, según informó El Serenense. La empresa desplegó más de 100 estanques estacionarios como plan alternativo.
El dato indica una vulnerabilidad estructural conocida, donde la conurbación más poblada de la región depende de un único río como fuente primaria de producción de agua potable. Cuando ese río se vuelve intransitable para la captación, decenas de miles de personas quedan expuestas.
◆ 03 — Política regional
Actores en movimiento
Ali Manouchehri (alcalde de Coquimbo)
Sube. Consolidó su posición como vocero político de los alcaldes de la región. Lideró la exigencia del 2% constitucional en nombre del conjunto de ediles y presionó al Ejecutivo con una narrativa clara: los recursos regionales no alcanzan y el Gobierno central no ha respondido.
Carlos Lillo (alcalde de Salamanca)
Sube en visibilidad, con costo. Su declaración de que el Gobierno "no movió un saco de arena" le dio proyección mediática nacional, pero también lo expone a una relación tensa con el Ejecutivo en un momento en que el Choapa necesita recursos para la reconstrucción.
Gobernador Cristóbal Juliá
Cumple el rol, sin protagonismo. Presentó formalmente la solicitud de zona de catástrofe al Presidente, lo que es lo institucionalmente correcto. Sin embargo, la narrativa de la emergencia fue tomada por los alcaldes, no por el Gobierno Regional.
Víctor Pino (delegado presidencial regional)
Baja. La emergencia evidenció una importante debilidad comunicacional. Durante los primeros días del sistema frontal su presencia pública fue escasa, con pocas vocerías y bajo flujo de información hacia los medios.
Darwin Cortés (seremi de Gobierno)
Baja. La autoridad encargada de comunicar la acción del Ejecutivo tuvo una presencia pública prácticamente inexistente durante la emergencia. La nula generación de vocerías y comunicados impidió visibilizar el trabajo de los servicios públicos.
◆ 04 — Fuera de pauta
Lo que no salió en la pauta
La alerta SAE que no sonó en Canela — y lo que eso demuestra
El alcalde de Canela denunció públicamente que el sistema de alerta SAE no se activó en su comuna durante la emergencia. Gran parte del territorio estaba sin luz y sin señal telefónica, lo que impidió que el mensaje de evacuación llegara a los afectados. El biministro de Grange respondió que se están enviando antenas telefónicas a la zona.
Lo que no tuvo mayor cobertura fue la magnitud real del aislamiento: según informó El Canelino, cerca de 6.500 personas permanecieron incomunicadas en la comuna, con localidades como Rivera Norte y Mincha Norte sin acceso y sin información oficial durante horas críticas. La falla del SAE en una de las comunas más afectadas del Choapa pone en cuestión no solo la infraestructura de telecomunicaciones, sino el diseño del sistema de alerta temprana para zonas rurales con conectividad precaria.
Este es el tipo de falla técnica que desaparece de la pauta cuando la emergencia amaina, pero que debería derivar en una investigación sobre la cobertura real del sistema en las comunas interiores de la región. En la próxima sesión del Consejo Regional o en la Comisión de Infraestructura de la Cámara, este punto merece seguimiento.
◆ 05 — Agenda
Proyección
1. La respuesta del Ejecutivo a la solicitud de Zona de Catástrofe. El Gobierno tiene sobre la mesa la solicitud formal del gobernador Juliá, las presentaciones parlamentarias y la presión pública de los alcaldes. Una respuesta negativa o dilatada profundizará el conflicto político con las autoridades locales.
2. El estado del Hospital Provincial de Ovalle y el Hospital Modular de Campaña. Con cinco pabellones inutilizados, la operación del hospital de campaña del Ejército determina la capacidad de respuesta sanitaria de toda la provincia del Limarí. Hay que observar los plazos de reparación y si el Ministerio de Salud anuncia recursos extraordinarios.
3. El conflicto entre la pequeña minería de Andacollo y Galantas Gold. Esta disputa, que llegó la semana anterior a la Comisión de Minería del Senado con el alcalde de Andacollo encabezando la delegación, según informó El Andacollino, puede tener movimiento legislativo esta semana. Es un conflicto de baja visibilidad nacional pero con alto impacto local.
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